La Reforma Migratoria Puede Venir con Grandes Regalos para los Patrones
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Immigration reform could get 11 million undocumented workers on the path to citizenship, but watch out for poison pills that compromise workers’ rights. Photo: Promise Arizona.
Following is a Spanish translation of Labor Notes’ analysis of the current immigration reform discussions. Please share it with those who would find it useful.
Lo que sigue es una traducción al español del análisis de Labor Notes de los debates sobre la reforma migratoria. Por favor, compartan con aquellos que les sea útil.
Tanto sindicalistas como activistas de derechos de inmigrantes están al mismo tiempo entusiasmados y temerosos con respecto a la reforma de ley de inmigración propuesta por la administración de Obama.
Un camino hacia la ciudadanía, aunque arduo, podría dar a los 11 millones de indocumentados de la nación la oportunidad de obtener su documentación y convertirse en participantes totales de la vida laboral y cívica del país.
Esto podría ser un paso de avance para los sindicatos: cada trabajador documentado sería una persona a quien su jefe ya no podría amenazar con hacerle deportar si defiende sus derechos en su lugar de trabajo.
Pero, con la intención de contentar a las empresas, la ley puede también incluir un programa más amplio de “trabajadores huespedes.” Históricamente, los defensores de los derechos de los trabajadores, incluyendo los sindicatos, se han opuesto a los programas de trabajadores huespedes, llamándoles “versión moderna de servitud bajo contrato.”
Los trabajadores huespedes corren el riesgo de ser deportados si rompen su atadura a sus empleadores, lo que hace difícil para ellos protestar si reciben malos tratos o un bajo salario. Esto hace que los empleadores los encuentren más atractivos que los residentes permanentes de los Estados Unidos.
“Un punto de partida fundamental en cualquier reforma de inmigración es que la deportación de indocumentados debe cesar inmediatamente,” dijo Saket Soni, director ejecutivo de la National Guestworker Alliance. “No puede deportar hoy a los ciudadanos del mañana.”
Pero la adminstración de Obama ha deportado a más personas que la de Bush, y muchos activistas de derechos de inmigrantes se han pasado los últimos cuatro años protestando sobre estas deportaciones.
La nueva ley seguramente también aumentará la seguridad en las fronteras. Asimismo habrá una más estricta verificación electrónica del estatus legal de los solicitantes de empleo, lo cual podría llevar a más creación de los llamados perfiles, o compendios de características étnicas, económicas, etc. y más intimidación de inmigrantes, tanto documentados como indocumentados.
Aun el propuesto camino hacia la ciudadanía – la golosina que se ofrece a cambio de los aspectos poco atractivos del plan – requiere el pago de multas e impuestos acumulados, y constancia de haber estado empleado durante algún tiempo, todo lo cual podría ser difícil o imposible para una gran parte de los inmigrantes indocumentados.
Ellos tendrán que partir desde la “cola de la fila,” detrás de otros inmigrantes que estén solicitando la ciudadanía. De acuerdo con el departamento de Homeland Security, solamente en el año 2010 más de 700,000 personas solicitaron naturalización.
EXTRAÑOS ALIADOS
Después de años de severa retórica anti-inmigratoria, algunos legisladores republicanos están dispuestos a considerar algún tipo de reforma inmigratoria, como un medio para ganarse la simpatía de un creciente electorado latino que votó abrumadoramente por Obama el otoño pasado. Pero tratarán de inclinar sus planes de manera que favorezcan a las empresas, al igual que algunas de las propuestas de la administración.
El número de latinos afiliados a sindicatos aumentó en 2012. Para re-activar a muchos que trabajaron para elegir a Obama en 2012, los sindicatos dentro de AFL-CIO y Change to Win están llevando a cabo mítines en 14 ciudades a través de los Estados Unidos durante febrero y marzo, comenzando en Raleigh, North Carolina y Las Vegas, Nevada.
Ambas federaciones laborales reiteraron su planteamiento de 2009 con respecto a lo que debe ser parte de una reforma inmigratoria, incluyendo un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados, un plan de-politizado para el flujo futuro de la inmigración, un sistema racional de control de fronteras, un sistema seguro y efectivo para verificar el estatus legal de los trabajadores, y una mejora, no una expansión, de los programas actuales de trabajadores huespedes.
Pero ¿cuáles son los detalles problemáticos? Los representantes de ambas coaliciones, incluyendo a Rich Trumka de AFL-CIO y Eliseo Medina de Service Employees, están hablando con los medios de comunicación y la Cámara de Comercio a fin de mostrar los puntos en los cuales la clase empresarial y los sindicatos están de acuerdo.
A pesar de que los proponentes no quieren dejar constancia de sus opiniones, algunos temen que el deseo de los sindicatos de colaborar con los intereses de las empresas podría debilitar su posición. De igual manera, al final del debate sobre la reforma del cuidado de la salud en 2010, los líderes de los sindicatos estaban dispuestos a respaldar casi cualquier ley que propusiera la administración, aun cuando algunas de sus estipulaciones perjudicarían a los miembros de los sindicatos.
Así que a pesar de la posición de los sindicatos en contra de la ampliación de los programas de trabajadores huespedes, Trumka y Medina podrían acabar apoyando la ampliación, con la esperanza de obtener la ciudadanía para algunos inmigrantes. Ya están hablando de flexibilidad, basándose en niveles de empleo en los Estados Unidos y otras estadísticas, para decidir el número de trabajadores extranjeros que se podrán admitir en los Estados Unidos en el futuro.
MÁS TRABAJADORES HUESPEDES
Los programas de trabajadores huespedes permiten a los empleadores traer trabajadores extranjeros con visas temporales. La ley actual permite un número ilimitado de trabajadores agrícolas por un máximo de 10 meses en cada ocasión; en 2011 hubo cerca de 80,000 trabajadores huespedes agrícolas en los Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Trabajo—una pequeña parte del total de trabajadores agrícolas.
Un segundo programa trae trabajadores para industrias tales como jardinería, bosques, procesamiento de mariscos, y hospitalidad. El máximo permitido para estos trabajadores fue de 66,000. Los trabajadores más cualificados, como ingenieros, entran bajo un programa separado.
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Algunos empleadores quieren flexibilidad para ampliar el tipo y el número de trabajadores huespedes que puedan traer. La American Health Care Association, por ejemplo, desea importar enfermeros, asistentes de enfermeros y enfermeros prácticos licenciados para trabajar en hogares de ancianos o centros de recuperación. .
El sindicato de los Laborers dice que uno de cada cinco trabajadores de la industria de construcción es hoy en día un inmigrante. La coordinadora para inmigración de los Laborers, Yanira Merino, expresó que durante años los empleadores han abusado del programa de trabajadores huespedes, empleando trabajadores para puestos en otras industrias y moviéndolos a la industria de la construcción como una manera de evadir las reglas del sistema.
La ley requiere que los empleadores que recluten trabajadores huespedes primero demuestren que no hay suficientes trabajadores en los Estados Unidos que puedan hacer el trabajo, pero el cumplimiento de la ley no se exige con suficiente fuerza. El sindicato no quiere que “se cree una situación en la cual los empleadores puedan traer trabajadores sin mucho esfuerzo, y que esto debilite los estándares de nuestra industria”, según expresó Merino.
A pesar de la preocupación que hay sobre algunas de las disposiciones, el sindicato no quiere ser juzgada como un impedimento en el logro de una reforma inmigratoria histórica. “No creemos que una posición ‘no’ sea constructiva,” dijo Merino. “Pero sí alzaremos nuestra voces si consideramos que podría perjudicar a los trabajadores.”
BANDERA ROJA
El abogado de derechos de trabajadores Josh Stehlik del National Immigration Law Center se entusiasmó cuando el presidente habló sobre la necesidad de protecciones en los lugares de trabajo como parte de la reforma inmigratoria. Pero dijo que el sistema de verificación de empleo izó una bandera roja.
NILC se ha opuesto a los sistemas obligatorios de verificación de estatus porque los trabajadores inmigrantes—aun aquellos con estatus legal—son vulnerables ante las bases de datos plagadas de errores que se utilizan.
NILC y la Guestworker Alliance quieren que cualquier nueva ley incluya las protecciones contenidas en el POWER Act, que fue presentado en 2011 pero obtuvo poco apoyo en el Congreso. Los trabajadores indocumentados que reporten violaciones en el lugar de trabajo, incluyendo robo de salarios, recibirían visas temporales para protegerles de represalias.
Saket Soni de la Alliance dijo que cualquier reforma estará contaminada si los derechos de los trabajadores no son explícitos. “No importa el tamaño (del programa), los derechos laborales de los trabajadores huespedes y su acceso a derechos civiles básicos y a organizarse colectivamente tienen que estar protegidos,” dijo Soni.
Alliance es parte del United Workers Congress, una coalición que representa a trabajadores excluidos de la protección de leyes laborales, tales como trabajadores domésticos y de la agricultura. Se reunieron en Washington en febrero para presionar al Congreso sobre su propia plataforma de inmigración, que es muy diferente a la de Obama.
Sus propuestas incluyen: que los inmigrantes reciban la protección de la red de seguridad social durante el proceso de legalización; el fin de la colaboración entre la policía y la policía de inmigración; reducción al mínimo de multas y altas cuotas; eliminación de la expansión obligatoria de E-Verify, “el sistema electrónico de verificación plagado de errores que se ha usado repetidamente para destruir las campañas de organización de los sindicatos”; un “fondo para asegurar el cumplimiento de leyes laborales” para industrias con gran número de inmigrantes; y una alianza con organizaciones de trabajadores para ayudar a establecer la legalización.
TEMPORADA DE RECOLECCIÓN DE COSECHAS
Adrienne Der Vartanian del grupo defensor Farmworker Justice ha dicho que, para evitar los abusos que los programas de trabajadores huespedes han permitido en el pasado, éstos deben permitir portabilidad a los trabajadores para que no estén atados a los empleadores, entre otras protecciones. Es más, agregó, todos los trabajadores de la agricultura, incluyendo los trabajadores huespedes, deben ser elegibles para el camino a la ciudadanía.
Un sindicato ha organizado a trabajadores huespedes, y Baldemar Velásquez, presidente del Farm Labor Organizing Committee (FLOC), cree que no es realista no tener tales trabajadores en los Estados Unidos. “Yo me arriesgaría a decir que los trabajadores huespedes son una necesidad para la agricultura,” Velásquez dijo. Los trabajadores temporarios de países como México, dijo, son el único grupo dispuesto a aceptar trabajos de corto tiempo y con bajos salarios, como los que existen durante la corta temporada de la cosecha del norte del país.
No hay nada malo en permitir a trabajadores de otros países ganar dinero para mandar a sus familias, dijo Velásquez. Pero “si se va a tener un programa de trabajadores huespedes, debe dárseles el derecho a organizarse.”
El contrato de FLOC, que cubre 8,000 trabajadores huespedes de temporada en fincas de pepinos y de otro tipo en Carolina del Norte, incluye un procedimiento de querellas y antigüedad. Tomó años de organización, boicots, y otras presiones sobre el Growers Association para poder ganar.
Muchas personas del movimiento laboral dudan que los trabajadores huespedes puedan organizarse en gran escala.
FLOC, parte de AFL-CIO, está ahora trabajando con United Farm Workers, un sindicato que en el pasado se opuso al programa de trabajadores huespedes en la agricultura, para lograr que éstos estén protegidos por cualquier legislación que se apruebe. UFW planea una serie de marchas en comunidades de trabajadores agrícolas de California y Arizona.
Ya pasó el tiempo en que la mayoría de las políticas de los sindicatos eran simplemente anti-inmigrante. Los sindicatos están comprometidas a organizar a inmigrantes y apoyar la igualdad de derechos en el trabajo.
Las preguntas que hay que hacer al movimiento laboral durante este año en que se debaten reformas son: si puede asegurar los derechos de los inmigrantes en su lugar de trabajo, a cuántos puede incluir bajo la ley, y cómo puede evitar una ley que tenga demasiados inconvenientes y pocas “golosinas.”
Este artículo fue traducido del original en inglés con la asistencia de Pittsburgh Labor Council for Latin American Advancement Organizing Committee (PLOC). Para más información sobre PLOC, contacte a Guillermo Pérez a gperez[at]usw[dot]org.
Comments
immigration reform
Labornotes readers might be interested in the exchange/dialogue that took place on the Labornotes webpage when the AFL-CIO and CTW issued their position on immigration reform, the document that guides their present position. The URL is: http://www.labornotes.org/2009/06/immigration-reform-whats-labor It would have been a good idea for this article to have also interviewed people supporting a much more progressive and pro-labor reform proposal, the Dignity Campaign, which involves groups around the country including several labor councils and unions, LCLAA, day labor centers, farm worker organizations and longtime immigrant rights defenders. This proposal has been the progressive pole in the national debate over immigration reform for at least the last three years. For unions and workers, the repeal of employer sanctions (not simply saying that E-Verify shouldn't be expanded) is a longtime progressive demand, because it is the basis for E-Verify and I-9 audits, which have led to the firings of thousands of undocumented workers. In addition, this demand is what we fought for and won at the AFL-CIO convention in Los Angeles in 1999. I was surprised at the absence here of any voices calling for the elimination of guest worker programs, the historic demand of labor activists dating back to Bert Corona, Ernesto Galarza and Cesar Chavez. Progressive labor and immigrant rights activists have also called for scrapping, or at least renegotiating NAFTA, CAFTA and other trade agreements and structural adjustment policies as part of immigration reform, because they cause massive poverty and displacement of people and make their migration a matter of survival.